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jueves

El coste de las becas

Una carta recogida en El País de hoy:

España invirtió en mí casi diez millones de pesetas y ahora lo está aprovechando otro país

ANÓNIMO * (HISTORIAS DE LOS LECTORES) - Costa del Pacífico de EE UU - 29/09/2010

"Estudié toda mi vida con becas. Eso, dicho así, parece una frase hecha, pero no. Estudié toda mi vida con becas, que significan -entre otras cosas- dinero de todos los contribuyentes. Con 14 años, el estado empezó a pagarme 14.000 pesetas anuales a modo de beca para materiales. Tengo 31 años, así que hablamos de 14.000 pesetas del año 1993. Desde los 17 me becaron con 32.000, con lo cual para cuando acabé el instituto el Estado había ingresado en mi cuenta 92.000 pesetas contantes y sonantes.

Entré en la Universidad y también tuve becas, nunca tuve que pagar ni una sola matrícula. A una media de, pongamos, 75.000 pesetas por curso, eso hacen 375.000. Además, recibí una beca escolar que, de media, eran unas 150.000 pesetas anuales: 750.000 en los cinco años. En quinto de carrera tuve, además, una beca de colaboración de mi Departamento. Se suponía que era para aprender investigar, pero lo único que me enseñaron fue a cargar carretillas de papel para la fotocopiadora, hacer funcionar la fotocopiadora y cambiar el tóner de la fotocopiadora. Me pagaron 23.000 pesetas al mes, diez meses. Total hasta aquí 1.447.000 pesetas. Unos 8700 euros.

Recibí cuatro becas diferentes para hacer el doctorado. La primera que acepté era de una fundación que me pagaba cuando le parecía oportuno, no me daba recibos del pago y, además, me metió en líos con Hacienda. En cualquier caso, seis meses a 600 euros, 3600 euros. Poco tiempo después recibí otra con patrones que me timaron en menos aspectos. No me contrataron, pero me hicieron firmar dedicación completa. Trabajé para ellos bajo la miserable forma de una beca: di clases, publiqué en revistas, hice estancias de investigación... pero días cotizados, cero. 800 euros al mes, 36 meses, 28.800 euros en total. A eso hay que sumar tres estancias de investigación en prestigiosos centros del extranjero, a digamos 1200 euros de subvención cada una. Esto ya parece el 1, 2, 3... 41.100 euros de todos los españoles. El último año, por fin, los becarios de investigación conseguimos que se nos hiciera un contrato. A la hora de firmarlo, te daban un papelito donde tenías que firmar que renunciabas a tu baja maternal, en caso de quedarte embarazada. Eso sí que son políticas de conciliación y lo demás cuentos. Nos daban, por primera vez, paga extra. Se la llevó Hacienda, pero la sumo igual. Doce meses, catorce pagas, a 1100 euros, 15400 euros, 56.500 en total.

Ahora viene la pirueta. Después de seis años trabajando para la Universidad, había cotizado un año. Cobré el paro y envié currículos. 630, mi madre lo recuerda bien. Durante mis dieciséis años en el mercado laboral español tuve los empleos más diversos además de la Universidad: guía turística para la tercera edad, traductora de manuales deportivos, profe particular, manufacturera -que no diseñadora- de bolsos y abalorios, dobladora de anuncios de radio... Que no se diga que no lo intenté en varios campos.

Lo intenté con todas mis fuerzas. Me agarré a la tierra de Asturias con pies y manos. Estuve un año en el paro, con una carrera, un máster, un doctorado, cuatro idiomas y dispuesta a trabajar de lo que saliese... pero no salió nada. En unos estaba demasiado formada, en otros no daba, literalmente, la talla -hasta para dependienta de tienda de ropa de adolescentes me presenté-, así que decidí emigrar. El camino fuera de Europa no es sencillo: veo a mis padres por Skype, mi presencia empieza a borrarse de los recuerdos de mis amigas -"¿todavía vivías aquí cuando pasó eso?"- y suplico a las alturas que el señor de inmigración no se quede con mi barra de turrón de Suchard y mis latas de bonito en aceite cuando vuelvo, siempre antes de Reyes, a incorporarme a mis clases en una estupenda Universidad de la soleadísima costa estadounidense del Pacífico. Lo más triste es que soy feliz aquí, a pesar de que veo la tristeza inmensa en los ojos de mis padres.

En resumen, España invirtió en mí, directamente, casi diez millones de pesetas, además de la formación universitaria, y ahora lo está aprovechando otro país: un lugar donde me siento un miembro útil y productivo de la sociedad. El problema más grande es que mi caso no es único. De mis quince compañeros del doctorado, solo dos están trabajando en España, en condiciones lamentables, eso sí, en la Universidad. Solo en nosotros, solo en nuestro pequeño rinconcito de la sala de becarios con sus palomas anidadas en una ventana, el Estado español tiró a la basura 130.000.000. Ciento treinta millones de pesetas que estábamos deseando revertir a la sociedad en aquello para lo que nos habíamos formado, pero no nos resulta posible. Trabajamos un tiempo gratis, mucho tiempo sin contrato, muchas más horas que una jornada estándar, sin sanidad, sin derecho a baja maternal, sin derecho a paro y, sobre todo, sin derecho a quejarnos. Porque éramos unos privilegiados, la creme de la creme de la intelectualidad que iba a llevar a España a cotas nunca antes conocidas. Y eso último es lo único cierto. Somos la generación que va a llevar a España a cotas nunca antes conocidas de desesperación, de frustración, de angustia, de parturientas añosas, de abuelos que van a tener que aprender chino o inglés para preguntarle a sus nietos -por skype- de qué color es la bici que piden a los Reyes Magos en casa de los abuelitos y que les va a llegar por correo."

* Este lector ha pedido expresamente que no facilitemos su nombre.
-oOo-

Pues creo que está explicado perfectamente...

domingo

1977. Antonio Muñoz Molina. Ida y Vuelta

Me gusta este artículo de Antonio Muñoz Molina publicado en El País de hoy. Además de un homenaje a dos hombres fallecidos recientemente, echa un vistazo y repasa unos años, unos sucesos, recientes en mi memoria pero lejanos en el tiempo, más de 30 años, y que hoy son difíciles de explicar a quien no lo vivió. Y lo hace muy bien.

miércoles

Las penas de cárcel en España

He leído hoy en El País un, a mi juicio, interesante artículo sobre la pena de cárcel, la cadena perpetua y el cumplimiento de penas en nuestro país. Os resumo lo más interesante:
"Que se incluya la palabra cadena perpetua en el Código Penal". "La cadena perpetua habría evitado muchas muertes". "Hace falta un referéndum". "Si hay que cambiar la Constitución, que se cambie". Los padres de Marta del Castillo, la joven asesinada en Sevilla por un ex novio, y los de Mari Luz, la niña muerta a manos de un pederasta en marzo del año pasado, han abierto de nuevo el debate sobre la necesidad de incluir la cadena perpetua en la ley. Una vez más, se alzan voces quejosas por la benevolencia del sistema penal español. Sin embargo, la benevolencia no es tal. El Código Penal de 1995, sus sucesivas reformas y su aplicación han supuesto que España tenga uno de los porcentajes más altos de presos en toda Europa; que los internos cumplan prácticamente toda su pena dentro de la cárcel y que haya, de hecho, una cadena casi perpetua, de 30 o 40 años.¿Cómo se alienta la polémica? El tratamiento mediático del brutal asesinato de Marta del Castillo -con menores acudiendo al plató para dar detalles del suceso y un seguimiento desmesurado del caso- ha provocado intensos y constantes debates por parte de todo tipo de tertulianos en programas del corazón que se erigen en expertos legales y asientan en la opinión pública la falsa creencia de que los presos en España apenas pasan tiempo en la cárcel. Y no son sólo los tertulianos los que inducen al error. También los políticos contribuyen a ello. El presidente Zapatero recibió ayer al padre de Marta del Castillo y le aseguró que apuesta y trabaja por el cumplimiento íntegro de las penas, aunque matizó que una pena de 30 años, ya prevista en la ley, es "como si fuera una cadena perpetua". El presidente del PP, Mariano Rajoy, abogó en un acto electoral en Galicia por el endurecimiento de las penas en casos de crímenes contra menores, por el cumplimiento íntegro de las condenas para los asesinos y por la revisión de los beneficios penitenciarios, medidas que su grupo presentará en el Congreso en forma de proposición no de ley. Rajoy explicó además que esta iniciativa se presenta por el asesinato de Marta del Castillo, al igual que ya se había hecho anteriormente en el caso de la niña Mari Luz. Una vez más, se asoma el peligro de legislar a golpe de suceso.A pesar de la convicción contraria de parte de la opinión pública, lo cierto es que las leyes penales llevan endureciéndose sin pausa desde principios de los noventa, como explica el profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona José Cid en El incremento de la población reclusa en España entre 1996 y 2006. La Constitución de 1978 obliga a que las penas estén orientadas "hacia la reeducación y reinserción social", incompatible con meter a alguien en la cárcel el resto de su vida, pero el Código Penal de 1995 prevé en estos momentos penas muy largas: de 30 años si el reo ha sido castigado por dos o más delitos y alguno de ellos tiene prevista una pena de más de 20 (como el asesinato) o de 40 años si al menos dos de los delitos cometidos tienen una pena de más de 20. También se puede castigar con 40 años de cárcel la comisión de dos o más delitos de terrorismo.Las penas son largas, pero ¿se cumplen o salen los presos enseguida a la calle? Las estadísticas contradicen esta creencia popular. El número de personas encarceladas aumentó un 43% en apenas 10 años, entre 1996 y 2006. Y este dato no supone, según los estudios del profesor de Derecho Penal José Cid, que entren más personas en prisión, sino que pasan más tiempo dentro. El tiempo medio de estancia en prisión casi se ha duplicado desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Pasó de 9 meses en 1996 a 16 meses en 2004. La razón: el incremento de la duración de las condenas, la abolición de la redención de penas por el trabajo, el poco uso que dan los jueces a las penas alternativas y la cada vez más escasa aplicación de algunos mecanismos importantes de reinserción social como la libertad condicional.La libertad condicional no es fácil de conseguir en estos momentos. En 2006 se concedieron, en proporción al número de condenados, menos de la mitad que en 1996. Se ha pasado, en 10 años, de 26 libertades condicionales por cada 100 condenados a 11. El Código Penal de 1995 ya endureció las condiciones para obtenerla, y en 2003 hubo una reforma específica para dificultarla aún más. Como explica José Cid, "sólo una minoría de personas, en torno a una cuarta parte de la población reclusa condenada, se beneficia de los principales instrumentos de reinserción establecidos en la ley penitenciaria mientras que aproximadamente tres cuartas partes de las personas extinguen su pena sin que exista un regreso escalonado a la comunidad".En países de nuestro entorno como Francia, Reino Unido, Italia, Holanda o Alemania, donde se supone que existe la cadena perpetua, en realidad es una pena que se puede -y debe- revisar y que difícilmente dura más de 30 o 40 años. "Nominalmente ellos tienen cadena perpetua y nosotros no", explica el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez. "Pero el cumplimiento efectivo de las penas al final es mayor en España que en muchos de estos países, porque aquí no hay revisión posible de la condena impuesta".En Italia, por ejemplo, a los 26 años se examina el caso para ver si la persona debe seguir en prisión. En Alemania, la condena tiene que revisarse a los 15 años, tras los cuales se podría conceder la libertad condicional -la media de cumplimiento de este tipo de pena era de 19 años en 1998-. En Francia también existen varias posibilidades para analizar la situación del reo después de los primeros 15 años, y Reino Unido y Holanda también tienen mecanismos de revisión que, en la práctica, hacen muy inusual que una persona pase en la cárcel hasta el fin de sus días.Durante el periodo constituyente se excluyó la pena de muerte y también, a través de la necesaria reinserción de las penas, la cadena perpetua. El Derecho Penal dejaba de ser un modelo de venganza para recuperar al delincuente. Se excluían las medidas definitivas y absolutas, y los primeros borradores del Código hablaban de límites de 15 o 20 años de la pena de prisión. Sin embargo, a lo largo de los años, y muchas veces para contentar a una sociedad consternada por el terrorismo o por asesinatos y violaciones salvajes, se fueron endureciendo las penas hasta llegar a los actuales 40 años."Ya es discutible que el actual cuadro de sanciones sea constitucional", opina Octavio García, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. "En España no hay un grave problema de inseguridad. No es un problema real. Sin embargo, abrimos permanentemente un debate que siempre acaba con la petición de sanciones más graves porque las víctimas se arrogan el derecho a decidir cómo deben resolverse los conflictos". "A los padres que sufren estas tragedias hay que darles todo lo que pidan, pero no convertirlos en portavoces de la opinión pública", coincide el magistrado Sáez. "No tiene sentido que los políticos se presten a esto ni que se legisle así. Lo que hay que hacer es pedagogía".

EL PAÍS.- MÓNICA C. BELAZA.- 25/02/2009